Un sueño a la dervia

La primera es que la mayoría de los representantes a la Cámara tienen un historial negativo en materia de migración. Según cálculos realizados por Tom Wong, profesor de la Universidad de California en San Diego, menos de 200 de los 435 representantes a la Cámara estarían inclinados –por sus votos anteriores en proyectos relacionados con el tema de inmigración– a aprobar una reforma similar a la que se discutió en el Senado. Y se requieren por lo menos 218 votos para aprobar el proyecto.

La segunda es que, a diferencia del Senado, en la Cámara no existe un proyecto único. Un grupo de siete representantes (cuatro demócratas y tres republicanos) pasó varios meses trabajando en el texto de un anteproyecto que, según ellos, tendría su propia versión integral de la reforma. Pero muchos representantes tienen su propio proyecto y el “Grupo de los siete” podría no tener la misma receptividad que tuvieron “los ocho” del Senado.

Seis de “los siete” (los demócratas Luis Gutierrez, Javier Becerra y Zoe Lofgreen, y los republicanos Mario Diaz Balart, John Carter y Sam Johnson), representan distritos con alta concentración de hispanos (más del 20% de los votantes elegibles) y, según cifras manejadas por el Pew Hispanic Center, menos de la cuarta parte de los distritos electorales del país cumplían el año pasado con esa condición.

La mayoría de los miembros de la Cámara representan distritos hechos a la medida de su ideología y llevan varios periodos ejerciendo su cargo. El promedio de servicio de los representantes que forman el actual Congreso (el 113) era de 9.1 años en el momento de su elección, lo que representa 4.6 términos de servicio, según el Congressional Research Service. Y ninguno quiere arriesgar su curul en el 2014.

Por eso, el que la reforma tenga un alto nivel de aprobación (más de 70% de acuerdo con una encuesta realizada a mediados de junio por Public Policy Polling, una organización demócrata y Harper Polling, una institución republicana) no fue nunca una garantía de aprobación en la Cámara, al igual que ganar el voto popular, como lo hizo el presidente Obama en 2012, no le dio el control de las dos cámaras del Congreso.

La tercera razón para el pesimismo es que el liderazgo republicano en la Cámara no apoya la reforma como lo hizo el del Senado. John Boehner, presidente de la Cámara, advirtió desde un comienzo que solo sometería a discusión un proyecto que contara con el respaldo de la mayoría republicana en el recinto (118 de sus 234 representantes) y se negó de plano a discutir el proyecto del Senado.

Esto plantea varios escenarios, que van del sueño a la pesadilla.

Uno es que el “Grupo de los siete” presente su proyecto al terminar el receso del verano –con o sin ciudadanía–, y que después de un largo debate, en el que se le harían un sinnúmero de enmiendas, haya un texto para someter este mismo año a un Comité de Conferencia que trate de conciliar las diferencias entre Cámara y Senado. Allí existiría la posibilidad de rescatar algunas propuestas del Senado, incluida –en el mejor de los casos– la ciudadanía.

Otro es que haya una mayoría de republicanos que a pesar de no estar de acuerdo con una reforma integral decidan que de todas maneras es necesario hacer algo para que no se les culpe de matar el sueño de los 11.5 millones de indocumentados. En tal caso podrían optar por discutir una serie aislada de proyectos, dando prioridad a temas como la seguridad y prolongando el debate más allá del actual periodo legislativo.

En esa línea estaría el proyecto anunciado por Eric Cantor, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, y por Bob Goodlatte, presidente del Comité Judicial, para abrirles un camino a la ciudadanía a los “dreamers”, pero no a sus padres. Conocido como el Kids Act, el proyecto cuenta con el aval de John Bohener, para quien ahora favorecer a los “dreamers” se ha convertido en “un asunto de justicia básica”, a pesar de que en el año 2010 votó en contra del Dream Act.

El temor de muchos analistas es que la estrategia de discutir la reforma a cuentagotas conduzca a una situación similar a la del año 2006 (cuando se cayó la reforma, pero se aprobó la construcción del muro), y al final solo se terminen aprobando (además de la ley sobre los “dreamers” y quizás sobre los trabajadores agrícolas), normas relacionadas con la seguridad fronteriza, la aplicación del E-Verify o la penalización de los indocumentados.

En ese caso, el gobierno no tendría más remedio que aplicar la ley, y millones de personas, como Benita Ayala, volverían a vivir a diario la pesadilla de ser deportados y tener que dejar atrás a sus familias, o de seguir viviendo en la sombra, sin un permiso, sin una residencia que les abra el camino a la ciudadanía, como, más que quererlo, lo exigía José Delgado.

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