Sin permiso para trabajar en México, 4 de cada 10 migrantes retornados se va a su país

En la banqueta, a ratos sentados, un grupo de centroamericanos -incluidos varios niños- espera que la agencia de viajes Futuranet les entregue el boleto de camión que por 3 mil pesos los llevará hasta Tapachula, Chiapas, para después alcanzar la región de Alta Verapaz y Chiquimula, en Guatemala y otros seguir hasta Honduras. Tienen su cita con un juez de migración estadunidense en casi seis meses -los primeros días de diciembre- y México, cuando los recibió de vuelta en el Chaparral, no les dio permiso para trabajar.

Lo único que quieren -y pueden hacer, sin la opción de trabajar, dicen- es emprender el regreso lo antes posible. Por eso están en la banqueta, como haciendo fila; ahí pasaron la noche a la espera de un boleto de camión. El día anterior el gobierno de Estados Unidos los entregó al Instituto Nacional de Migración (INM), quien les dio un permiso para permanecer 150 días en el país, y sin más, los hizo transitar por un túnel-paso peatonal. En unos minutos salieron a una explanada, estaban en Tijuana.

Paulo, Antonio, Alexander y José son parte de los 5 mil 709 centroamericanos que han regresado por esta ciudad, de un total de 16 mil 714 devueltos del 29 de enero al 30 de junio por los tres puntos que se usaron hasta esa fecha: Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Evitan dar sus verdaderos nombres y algunos se comunican en q’eqchi (idioma utilizado en Guatemala). La mayoría del grupo cruzó hace un mes a Estados Unidos por Reynosa, nunca habían estado en esta ciudad.

La agencia de viajes les dice que ya no hubo lugares en los camiones que trabajan con ellos, que deberán esperar otro día. No tienen en la mano el boleto que ya pagaron, no saben cómo se llama la línea de camiones que los transportará y están temerosos de que sea un robo. No se quieren mover del sitio y tampoco tienen a dónde ir. Su única herramienta en esta travesía es un teléfono celular. Sin identificación oficial, tienen que pedir a familiares y amigos que les manden dinero a nombre de un extraño. Un trabajador de la agencia “les hace el favor” a cambio de una propina de 500 pesos.

Pero quien “les hace el favor” ya se los hizo a otros, el sistema detectó que está recibiendo muchos depósitos desde Estados Unidos vía Banco Azteca y lo bloquea. Antonio es uno de quienes pide a su prima Rosa cancelar el envío hecho desde Nueva York. Debe buscar alguien más que cobre los 6 mil pesos -para su boleto y el de su hijo- necesarios para desandar el camino. La única identificación válida en México sería un pasaporte guatemalteco, y no cuenta con él.

Sin identificación y sin dinero, la inquietud los carcome. Es lo único que los hace hablar. Se preguntan por qué el gobierno de Trump los puso en un avión que voló de Houston a San Diego –nunca les dijeron a dónde iban-, en lugar de regresarlos a Guatemala. “Fueron como tres horas” de vuelo, platican, “hubiéramos llegado a Tapachula”.

No tienen idea de la distancia de Tijuana a la frontera con Sudamérica y se les hace mucho que sean tres días en un autobús para llegar a la Ciudad de México. Pero ya solo quieren empezar ese viaje. Cuando todos atienden otros asuntos, uno de ellos se regresa para preguntar ¿hay peligro de que nos secuestren en el camino de regreso?

El 40 por ciento de los centroamericanos que han sido regresados a México por esta frontera –con una fecha en los próximos meses para volver ante un juez en Estados Unidos– “abandonan el trámite” y la deserción cuando se trata de presentarse a una segunda o tercera cita es del 15 por ciento, informó Rodulfo Figueroa, encargado de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California.

El problema, señala Soraya Vázquez, directora del capítulo mexicano de la organización Families Belong Together, es que las autoridades de migración “no están favoreciendo” a este grupo para que se quede a esperar su cita –al contrario, dos activistas de Estados Unidos que asesoraban en el Chaparral a quienes iban a una primera, fueron detenidas un par de horas por el INM-.   “Ellos no quieren ser una carga” pero no hay en Tijuana un mecanismo para que pidan asilo o permiso de trabajo, y cuando después de pasar por “las congeladoras” (centros de detención de migrantes en Estados Unidos) se encuentran parados en la explanada de una ciudad donde no conocen a nadie, no ven más opción que regresar a su país.

En unas horas más empezará a caer la noche. Así que cuando un oficial del grupo Beta se ofrece para llevar al aeropuerto a los que quepan en su camioneta para ver si Volaris todavía mantiene la oferta de vuelos desde Tijuana a Guatemala por un dólar, se muestran dispuestos. En el aeropuerto les dicen que el último con esa promoción saldrá al día siguiente pero que ya todos los espacios fueron asignados. Empezó la temporada alta para las líneas aéreas y un pasaje a Guatemala cuesta 10 mil pesos (540 dólares, a tipo de cambio de 18.50 pesos por uno).

Acostumbrados a que muchas de las cosas no salen como esperaban, con calma se acomodan en el vehículo del grupo Beta que los regresará a la misma banqueta donde esperaban un boleto de camión. Cuando el grupo está de vuelta en el Chaparral, el cónsul de Guatemala, Erick Cardona, aparece para verificar que quienes pagaron 3 mil pesos sean llevados en autobús. Pero hoy no será, así que les consigue que pasen la noche en el desayunador del Padre Chava.

-¿Regresarán a su cita en diciembre? –”No lo sé”. Antonio pidió prestados 42 mil quetzales para hacer el viaje con su hijo de 7 años pensando que los podría pagar cuando estuviera en Estados Unidos, pero en Guatemala “eso es mucho dinero” para un campesino que cultiva maíz y frijol.

¿Por qué se trajeron a sus hijos? -la pregunta es para el grupo de varones, viajan todos con un niño que todavía requiere, en la mayoría de los casos, que lo lleven de la mano- y la respuesta es un rumor que creció como bola de nieve en Centroamérica después del paso de los haitianos, “porque dijeron que daban asilo a los que iban con niños”.

“Pero no estoy derrotado”, Antonio repite la frase frente a una tasa de café que toma sin leche. Está a unas horas de iniciar el regreso. Lo esperan en un pueblo de Alta Verapaz su esposa y una niña de 2 años. Es el más impaciente del grupo, tiene 30 años y dice que terminó el bachillerato en cursos de fin de semana que hacía mientras su esposa se preparaba para ser maestra. “Pero no hay plazas, faltan maestros, pero el Ministerio de Cultura dice que no tiene dinero, entonces no hay trabajo ni para ella que tiene estudios, ni para mí”. Jala aire, y exclama: “¡Claro que volveré!, no sé si con el niño o sin él, pero no me puedo resignar a la pobreza”.

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