Qué esconde el primer informe con los avances en inmigración elaborado por el gobierno de Trump

La Casa Blanca de Trump, a diferencia de los cinco gobiernos precedentes (de Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama), está reinterpretando la lectura de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Sobre todo, aquellas secciones que enfatizan las causas de inadmisibilidad y deportación, como si los 11 millones de indocumentados fuesen criminales y no mereciesen estar en el país.

“Esta administración está aplicando las leyes ‘como dicen los libros’”, advierte el congresista republicano Mike Coffman (Colorado).

Activistas, sin embargo, advierten que este tipo de lectura solo favorece a los intereses del gobierno. “Están aplicando las leyes más allá de los límites puestos por el Congreso”, dice Maru Mora Villapando, directora de comunicaciones del movimiento Latino Advocacy en Seattle, Washington. “Por ejemplo, la capacidad de camas en los centros de detención de ICE (Oficina de Imigración y Aduanas). El Congreso autorizó un máximo de 34,000 diarios y ya van más de 40,000. Y la proyección supera las 60,000 en el corto plazo”.

Mora también citó las discreciones fiscales, que permiten que ciertos indocumentados que no son una prioridad de deportación sean puestos en libertad condicional porque no representan una amenaza para la seguridad del país. “Trump retiró este beneficio. Están acomodando todo para que cuadre con la nueva política”, indicó.

Si el principal objetivo de Trump son los 11 millones de indocumentados, necesitará más centros de detención de inmigrantes para encerrarlos, respetar el debido proceso y luego deportarlos aceleradamente de Estados Unidos.

El borrador del informe de los 90 días detalla que se construirán nuevas cárceles cerca de la frontera con México y que simultáneamente aumentarán las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, considerada como la primera barrera de contención de la inmigración indocumentada en la frontera.

El reporte también señala que aumentarán las instalaciones temporales en la frontera “para detener la oleada” de refugiados centroamericanos, que entre los años fiscales 2014 y 2016 dejó un saldo de más de 158,000 detenidos, la mayoría de ellos niños provenientes del denominado Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) y México.

La inversión, que dependerá de fondos que asigne el Congreso, permitirá a ICE aumentar en 21,000 el número de camas diarias disponibles. Actualmente, dispone de un máximo de 39,000, según la agencia.

El reporte, al igual que las acciones ejecutivas del 25 de enero, cita la Sección 235 de la Ley de Inmigración que regula quién puede ser admitido en Estados Unidos y quién no, y advierte que aquellos que no tienen autorización para entrar, por ejemplo una visa, no son elegibles.

La lista es larga e incluye, entre otros, a criminales, violadores y traficantes de drogas, las mismas figuras empleadas por Trump durante su campaña para referirse a los 11 millones de indocumentados.

En el caso de aquellos que manifiesten la intención de pedir asilo, será enviado a una entrevista de miedo creíble. Si no la aprueba, la petición será rechazada y se deportará a la persona.

Sobre los casos de asilo, el documento menciona que se unificarán criterios con un nuevo reglamento, el que será implementado a nivel nacional.

Asimismo, los secretarios de Justicia y de Seguridad Nacional advierten que todos los extranjeros inadmisibles detenidos por la Patrulla Fronteriza, serán obligatoriamene arrestados”, reiterando que ya no está vigente la política catch and release (detener y liberar) que se venía implementando para favorecer a inmigrantes que no son considerados una amenaza para la seguridad nacional.

Una vez finalizado el debido proceso inmigratorio, el detenido será deportado inmediatamente del país.

El borrador propone cerrar acuerdos con México para que los inmigrantes que resulten inelegibles para entrar en EEUU o sean deportables sean regresados a ese país, sean o no mexicanos.

Abogados advierten que esta orden contradice la ley y acuerdos internacionales suscritos por Estados Unidos. “Van a tener un montón de problemas antes de deportar a alguien”, advierte Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California. “Antes de expulsar a un extranjero, Estados Unidos tiene que pedirle permiso al país donde va a enviar a la persona. Y México no tiene obligación de recibir individuos que no sean sus connacionales”.

Gálvez dijo además que “si México no está dispuesto a recibirlos, Estados Unidos no puede deportarlos. Esto es puro aire caliente”, señaló.

Si el gobierno también quiera sacar a México a los solicitantes de asilo mientras esperan una resolución en las cortes de inmigración, “los casos dejan de ser asilo y se convierten en refugio”, indicó Gálvez. “Hay una enorme diferencia. Insisto, si lo hacen van a tener problemas, muchos problemas”.

El gobierno de Trump también quiere acelerar las deportaciones para ir vaciando los centros de detención de inmigrantes, al tiempo que va construyendo otros, de acuerdo con el borrador.

El Departamento de Justicia señala que las cortes de inmigración recibieron órdenes de “acelerar las audiencias de deportación”, principalmente de indocumentados inelegibles o deportables.

Para conseguir este objetivo contratarán nuevos jueces –para sumar a los poco más de 290 existentes– y “llevarán las audiencias a los puertos de entrada y los centros de detención de ICE”.

Y no solo los indocumentados enfrentarán procesos de deportación. El artículo C de la Sección 235 invocada en el documento refiere que aquellos extranjeros con estatus de residencia, asilo y refugio que hayan incurrido en una mentira estando bajo juramento pueden enfrentar la pérdida de sus derechos de permanencia en el país.

El gobierno también ampliará el sistema de video conferencia para permitir a los jueces de inmigración atender audiencias de forma remota a través de un sistema de circuito cerrado de televisión.

“Las cortes de imigración tienen tiempo haciendo esto y ahora lo quieren hacer a gran escala”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “El problema es que el cliente estará en un estado y el juez en otro, lejos de ahí. ¿Cómo entonces sabrá si el inmigrante está diciendo la verdad? ¿Cuándo sabrá si hay miedo? ¿Cómo determinará correctamente para emitir un fallo? Si no hay contacto cara a cara, pienso que todo esto va a ir en detrimento del inmigrante”.

Trump también insiste en poner en funcionamiento la fuerza nacional de deportaciones anunciada y prometida durante su campaña.

El informe da cuenta que los contratos 287(g) para que los cuerpos policías locales (estatal y municipal) colaboren con el DHS en la búsqueda y arresto de indocumentados para deportarlos de Estados Unidos, no solo serán suscritos con funcionarios locales, sino que buscarán hacerlo con los gobernadores de los estados.

La Sección 287(g) de la Ley de Inmigración permite al gobierno federal este tipo de colaboraciones de manera temporal y solo podía ser invocada en casos de emergencia cuando la nación se encuentre bajo amenaza por una fuerza extranjera.

Fue activada durante el gobierno del presidente George W. Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. El programa, sin embargo, ha sufrido varias modificaciones por los abusos y demandas entabladas en los tribunales de justicia.

La última modificación se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2014, cuando el entonces presidente Barack Obama estableció nuevas prioridades de deportación e intentó proteger de la deportación a 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes.

Pero el gobierno de Trump no solo quiere que los policías se unan en esta fuerza nacional de deportaciones. También pretende incorporar a los empleados públicos de aquellas ciudades o jurisdicciones que firmen con el DHS un contrato 287(g).

Ya no existe la libertad condicional. El DHS y el Departamento de Justicia reiteran que ningún indocumentado será puesto en libertad condicional si se encuentra en proceso de deportación. Aseguran además que será revisado el reglamento de fianzas.

“No quieren soltar a la gente una vez ordenen la deportación. Y pretenden ser más agresivos con las fianzas, subirlas, volverlas más caras”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

“El problema es que si lo hacen, nadie podrá pagarlas. Es una manera indirecta de forzar a la gente para que se vaya del país·, concluyó.