Opinión: Una reforma migratoria en EU… que no es reforma

Hemos presenciado un ejercicio inteligente de hacer política de parte de legisladores estadounidenses, y el Senado acaba de votar a favor de la iniciativa de ley migratoria denominada Border Security Opportunity and Immigration Modernization Act, que fue elaborada por un grupo de 8 legisladores de ambos partidos.

Esta iniciativa ha sido bien publicitada por el gobierno estadounidense y bien recibida por la opinión pública, principalmente porque contempla algunos puntos para la posible amnistía de millones de trabajadores extranjeros y sus familias, después de casi 30 años de la última amnistía, resultado de la reforma migratoria de 1986.

Aunque no va encaminada a “arreglar el sistema migratorio descompuesto de los Estados Unidos”, promesa del actual presidente Barack Obama que le ayudó a obtener un mayor porcentaje de votos de ciudadanos de origen latinoamericano en su segunda campaña, sin duda, la aprobación de esta iniciativa sí satisfará las expectativas (populistas) del presidente. Pero poco se ha hablado sobre las limitaciones y los posibles efectos negativos de dicha Ley en caso de aprobarse y, en especial, si realmente contribuye a resolver algunos de los problemas relacionados con la migración de personas hacia ese país, tema que debería destacar en la agenda del gobierno mexicano.

En este espacio me referiré a tres temas incluidos en dicha iniciativa de ley: 

1)  La seguridad fronteriza

La seguridad fronteriza, como lo expresa el propio nombre de la iniciativa, es uno de los dos temas centrales. En este sentido, no se trata de una  reforma migratoria, sino de una “media reforma”, si es que este término se pudiera utilizar, ya que no se pretende cambiar la política, al contrario, propone que el gobierno continúe realizando las mismas acciones de control fronterizo que viene haciendo desde 1994, pero ahora con mayor intensidad. La iniciativa sólo se refiere a medidas para la frontera sur de aquel país, entre otras: seguir incrementando el presupuesto para control fronterizo, construyendo muros, aumentando el número de agentes en la frontera sur (incluidos agentes militares) e instalando más equipo de vigilancia terrestre y aérea. Si se aprueba la Ley, el presidente Obama tendrá mayor libertad para perseverar en las mismas medidas de control fronterizo, que han ocasionado la muerte de más de 7,500 personas migrantes en la franja fronteriza de México y Estados Unidos.

En la primera administración de Obama se llegó al máximo número de extranjeros deportados en la historia, con alrededor de 1.4 millones de personas; una y media veces mayor al número de deportaciones realizadas durante la administración del presidente Bush (hijo). 

Con la restrictiva política migratoria que inició el presidente Clinton en 1994 se modificó también la lógica de las detenciones que obedecía a lo que se llamó “capturar y devolver” (catch and release), esto es, detener a los migrantes sin documentos en la franja fronteriza y deportarlos a su país de origen. En los últimos años se ha fortalecido una política de deportación diferente y más dañina que consiste en buscar a las personas en situación irregular en todos los estados del país, capturarlas en sus lugares de trabajo y devolverlas a su país de origen, sin importar el tiempo de residencia que tienen en los Estados Unidos.

Se han mostrado los efectos terribles para las familias de migrantes divididas, además de la situación emocional y económica en que quedan cuando uno de sus integrantes es expulsado del país. Se desconoce el número de familias en esta situación, pero el Centro de Investigación Aplicada (Applied Research Center) calcula que son más de 5 mil menores los que han quedado a custodia del gobierno estadounidense como resultado de deportaciones de sus padres y/o madres.

Por otra parte, para llevar a cabo esta forma de detención y deportación,  el gobierno tiende a criminalizar a las personas sin documentación migratoria: mientras que en 1995 alrededor de 90% de los migrantes sin documentos eran capturados en la frontera y devueltos sin que se les imputaran cargos criminales, en  2011 más de la mitad de las personas fueron detenidas lejos de la franja fronteriza y, del total de personas repatriadas, a alrededor de una cuarta se les hicieron cargos criminales.

De acuerdo con el análisis que hace Jorge Durand (La Jornada, 6 de marzo de 2013) de los datos disponibles sobre mexicanos deportados en 2011, es posible que se trate de una “persecución específica” (by profiling) de acuerdo con el perfil de grupo de migrantes, antes de deportarles se les hacen cargos por el delito de “portar cara de mexicano o parecerlo”.

2)  Amnistía poco posible y cara 

El segundo tema medular es la posibilidad de que al menos 11 millones de extranjeros, en su mayoría mexicanos, puedan regularizar su situación migratoria. Sin embargo, existen muy pocas garantías para que esto sea posible. Podrán postular por el estatus provisional de inmigrante (RPI por sus siglas en inglés) las familias que hayan llegado a aquel país antes del año 2012, para iniciar el trámite deberán pagar una multa de 500 dólares. El proceso para adquirir la residencia con una greencard será de 10 años, y se les otorgará a quienes hayan tenido una presencia continua en el país, pagado impuestos, trabajado regularmente, aprendido inglés y las leyes y regulaciones civiles. Al adquirir la greencard deberán pagar otra multa de mil dólares.

Este periodo es el doble de lo normal y coloca a los extranjeros en una situación de mayor vulnerabilidad, corriendo el riesgo de que si llegara a tener cualquier problema con la justicia, se detenga el proceso y sea deportado a su país de origen. Esta medida puede conducir a un incremento de las deportaciones y a la restricción de los derechos de las personas que se encuentran en proceso de postulación e, incluso, podría ser una invitación para distintas autoridades, federales y locales, de seguir implementando las leyes de manera específica, de acuerdo con el perfil racial de las personas.

3) Ampliación de visas de trabajo temporales

Sobre el tema de las visas de trabajo temporal, la iniciativa se refiere a la ampliación el número de visas H-1B que se otorga anualmente a trabajadores extranjeros calificados, pasando de 110 mil a 115 mil y, excepcionalmente, un máximo de 180 mil; dependiendo de las condiciones de los mercados laborales de Estados Unidos.

La iniciativa tampoco propone un cambio en este tema, sólo un incremento numérico, en caso de que la economía de aquel país requiera de trabajadores extranjeros, pero mantiene los procesos de reclutamiento de trabajadores en manos de compañías privadas, sin que el gobierno asuma su responsabilidad de garantizar que los empleadores cumplan con los estándares laborales mínimos. Además, por la negativa del gobierno estadounidense de elaborar acuerdos bilaterales con los gobiernos de los países en donde se reclutan los trabajadores, no existen posibilidades de que éstos se involucren y responsabilicen en la regulación. Al parecer, se mantienen también las condiciones para el otorgamiento de otras visas de trabajo temporal (H2A y H2B), que han resultado propicias para los abusos en el reclutamiento y en las condiciones de trabajo de los extranjeros.

Es claro que esta iniciativa no se encamina a “arreglar el sistema migratorio descompuesto” y, mucho menos, a implementar algunas de las medidas recomendadas al gobierno de Estados Unidos por organismos internacionales de derechos humanos.

El gobierno mexicano, que hasta el momento ha decidido permanecer callado, tendría mucho que opinar sobre esta iniciativa, sin inmiscuirse en la soberanía de Estados Unidos. Especialmente porque desde hace más de una década está fungiendo como policía migratoria de la frontera sur del principal país que demanda trabajadores extranjeros y porque un gran número de sus ciudadanos han resultado afectados hasta la fecha.

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