Niños migrantes enfrentan deportación

La sala 1 de la corte de inmigración en Arlington, Virginia, estaba repleta de una decena de niños y adolescentes acompañados de sus padres, apoderados o abogados, el lunes 20 de abril.

Era un día cualquiera para el juez Robert Owens, quien ese lunes tenía asignados 75 casos de menores centroamericanos que cruzaron la frontera ilegalmente sin compañía. La mayoría llegó el año pasado.

La tensión en la sala se rompió con la sonrisa y el saludo en español del juez Owens, aunque el preámbulo que ofreció no fue del todo agradable. “¿Ustedes saben por qué están acá?. Dejénme explicarles”, dijo con un tono amable. Al instante les indicó que si habían venido a esa corte es porque el “Gobierno tiene un caso en contra suyo y están enfrentándose a un proceso de deportación”.

Sin embargo, calmó los ánimos al explicar que sus casos pueden ser revisados y les aseguró que “hoy nadie va a ser expulsado”.

Varios de los menores estaban regresando por segunda vez a esa corte, entre ellos Corina, una adolescente guatemalteca, de 18 años, que en julio de 2014 cruzó la frontera sin compañía y fue detenida por los agentes de inmigración. Con ella estaba su padre, quien prefirió no ser identificado.

“Mi primera corte fue el 24 de diciembre, justo en vísperas de Navidad”, expresó Corina, quien había recibido la notificación para presentarse apenas una semana anterior.
“En ese entonces quisimos venir con un abogado pero los que consultamos no estaban disponibles”, expresó el papá de Corina.

El 24 de diciembre el juez pospuso la audiencia de Corina y la de todos los menores que no contaban con un abogado. La nueva cita para muchos de ellos fue este lunes 20 de abril. Sin embargo, Corina todavía no había conseguido un defensor, por lo que el juez volvió a calendarizar otra audiencia para la joven y para el resto de menores que no llegaron con un abogado. A cada uno Owens les preguntó “¿Quieren tener más tiempo para conseguir un defensor?” a lo que cada quien contestó “sí”. Las nuevas fechas para las audiencias son en julio.

•Opciones legales

Los menores que llegaron cruzando la frontera tienen algunas opciones legales para frenar la deportación. Una de ellas es solicitar el Estatus Especial de Jóvenes Inmigrantes (SIJS, por sus siglas en inglés). “Los niños piden protección porque fueron maltratados, descuidados o abandonados por uno o ambos de sus padres”, dijo la abogada de inmigración Claudia Flower. Los menores podrían conseguir la residencia permanente por medio de este proceso.

Otra de las opciones es solicitar asilo, un estatus más difícil de lograr por los requisitos estrictos que demanda. Los menores tienen que probar que han sido víctimas de persecución o temen serlo en un futuro debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. “Éstas son las únicas características para solicitar el asilo. La violencia común no es razón suficiente para solicitar el asilo”, añadió Flower Los menores también podrían acceder a una visa tipo U, que se les otorga a las víctimas de crímenes violentos, siempre y cuando los solicitantes presenten pruebas y ayuden en la investigación para procesar a los autores del crimen.

• Optimismo

La mayoría de niños que acudieron a la audiencia del lunes con un abogado solicitaron al juez el estatus especial (SIJS). Otros ya tenían sus casos bien avanzados y habían recibido una respuesta positiva.

• Futuro incierto

Sin embargo, para Corina, quien reside con sus padres y hermanito de 6 años, en Falls Church, Virginia , el futuro es incierto. La joven, quien emigró a los 17 años cumplió el año pasado 18, con lo que se dificulta su caso.

“En Virginia se le considera como una adulta, por tanto no puede solicitar el Estatus Especial de Jóvenes Inmigrantes, que es la protección más común para estos menores”, explicó Flower a la familia.

• En Maryland, sí

La familia está evaluando la idea de mudarse a Maryland. “Aquí, la edad máxima para solicitar la visa especial es 21 años. Los chicos podrían solicitar esta protección y hasta podrían obtener una ‘green card’”, dijo a El Tiempo Latino, la delegada estatal de Maryland, Ana Sol Gutiérrez.

Mientras que la familia decide si se muda o no tiene que juntar el dinero para pagar a un abogado.

La defenda de los menores en las cortes es un reto. El juez les imparte una lista de organizaciones que podrían prestarle los servicios gratuitos o a bajo costo. “He hablado con varias y no toman el caso”, dijo el padre de Corina.

Por ahora les toca juntar entre $2.500 y $6.000 que les cobrará la abogada que consultaron.

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