Migrantes: maltrato estructural

Como elementos de contexto cabe señalar que los Grupos Beta son unidades del propio INM dedicadas a proteger a extranjeros migrantes, con fundamento legal en la Ley de Migración, y que la región en la que fueron reportados los abusos tiene un historial atroz en materia de violaciones a los derechos de extranjeros.

Fue precisamente en San Fernando donde la delincuencia organizada perpetró dos masacres sucesivas (72 asesinados en 2010 y otros 193 en 2011), cuyas víctimas fueron mayoritariamente centroamericanos. Tras esos hechos, se reveló que agentes del INM habían entregado a los extranjeros capturados al crimen organizado a cambio de dinero. Anteriormente salió a la luz pública un caso de tráfico de mujeres en el que se vio involucrado un delegado del INM en Yucatán.

Regularmente, por lo demás, la opinión pública conoce situaciones de abuso y atropello a los migrantes, tanto en las circunstancias de su detención como en su reclusión, en condiciones inaceptables, en estaciones migratorias.

Pese a los numerosos indicios de violencia estructural en contra de los indocumentados que transitan por territorio nacional, ha faltado voluntad política para emprender la moralización profunda que requiere el INM y para investigar la posible implicación de mandos medios y altos de ese organismo en hechos tan condenables como la venta de migrantes al cártel de los Zetas.

Ello da cuenta de un proceso de degradación moral en el que convergen instituciones, grupos delictivos e incluso sectores ciudadanos envenenados por la xenofobia, y que erosiona la civilidad del país en su conjunto.

Se ha señalado en reiteradas ocasiones que los maltratos y atropellos a los migrantes no sólo constituyen violaciones a la legalidad nacional, sino que debilitan y restan credibilidad a la defensa de los mexicanos que emigran a Estados Unidos y que se enfrentan allá a condiciones de indefensión y abuso semejantes a las que padecen en México innumerables extranjeros.