Migrantes desprotegidas a 4 años de que se creó ley a su favor

Además, criticaron que el Senado de la República haya ignorado propuestas para reformar la legislación, su reglamento  y otros acuerdos por el que se emiten las reglas de operación de los procesos administrativos en el tema.

El 25 de marzo de 2011, con el empuje de grupos ciudadanos el gobierno federal anunció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la entrada en vigor de la primera norma en México en materia migratoria para ampliar la protección de los DH de las y los migrantes, sin importar el proceso migratorio en el que estuvieran, y además pretendía proteger a las y los connacionales migrantes.

Sin embargo, a cuatro años de este decreto, el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (GTMP) –conformado por decenas de organizaciones civiles, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi)– emitió un comunicado para señalar que los resultados de esta norma fueron “escasos”, y “su implementación ha carecido de efectos positivos en la vida de la población migrante”.

Lo anterior al considerar que Ley de Migración aún no se ha armonizado en las 32 entidades federativas, sigue habiendo control y verificación migratoria de manera arbitraria, y la regularización para esta población no atiende sus necesidades específicas. A esto se suma que el acceso a la justicia para estas personas sigue siendo uno de los principales pendientes, a pesar de que la legislación se creó en el contexto del asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

De acuerdo con el GTMP, la ejecución de la norma se centró en la regularización de la entrada y salida de la población mexicana y extranjera del país, y el tránsito y la estancia de personas extranjeras en México, todo bajo los preceptos de “soberanía” y “seguridad nacional”. Según el comunicado, el GTPM envió en 2014 al Senado un paquete de propuestas de reformas a la ley migratoria y su reglamento, para modificar los artículos que impactan de manera negativa los DH, pero a la fecha las reformas siguen sin discutirse en el pleno.

Las modificaciones que propone el GTPM se centran en el acceso a la justicia, que las personas migrantes o solicitantes de asilo puedan acceder a la justicia sin importar su estatus migratorio, así como contar con un representante legal de su elección (incluidos quienes son defensoras y defensoras de DH). También se hicieron propuestas sobre las condiciones de detención y alternativas para que la privación de la libertad sea una excepción  y no la regla contra la población migrante, ya que entrar al país de forma irregular representa una falta administrativa y no un delito.  

La regulación y regularización migratoria son otros de los retos de la Ley de Migración, toda vez que es necesario flexibilizar los requisitos y que éstos se apeguen a sus necesidades. En el tema del procedimiento administrativo migratorio, las propuestas están encaminadas a que las personas migrantes y las solicitantes de asilo que han sido detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) tengan acceso a un debido proceso con la información de sus derechos y las razones de su detención.

El GTPM insistió en la necesidad de reestructurar el INM, ya que “la labor de control y verificación que realiza viola sistemáticamente los DH de la población migrante”, y no basta con una “reingeniería institucional”. Aparte de la Ley de Migración y su reglamento, las organizaciones también proponen modificar los lineamientos generales para la expedición de visas, y los acuerdos sobre las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisionales del INM; el de los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, y el acuerdo por el que se crea el Centro de evaluación y control de confianza del INM.

En junio de 2014, la organización Sin Fronteras presentó el informe “La ruta del encierro. Situación de las personas en detención en Estaciones Migratorias y estaciones provisionales”, en el que reportó que los centros de detención para migrantes albergaban entonces a 14 mil mujeres. Amnistía Internacional también presentó en agosto del año pasado la campaña “Paso Migrante”, para visibilizar que al menos seis de cada 10 mujeres migrantes en tránsito por México padecen agresiones sexuales.

En el reciente informe “Al corazón del asunto. Mujeres, menores de edad y el camino a seguir en la política migratoria” –elaborado por diversas organizaciones como el Imumi–, se detectó que 80 por ciento de las mujeres migrantes (en especial las centroamericanas) son víctimas de violación sexual durante su tránsito por México hacia Estados Unidos, sin que se castigue a los agresores.

 

Foto: Agencia Reforma

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