México ya es antesala de EU para peticiones de asilo de migrantes

La administración de Donald Trump ha puesto en marcha su plan para que solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen la conclusión de su trámite en territorio mexicano en lugar de suelo estadounidense. Prácticamente al mismo tiempo, México anunció que paraliza el programa de concesión de visas humanitarias con el que estaba recibiendo a los centroamericanos a la vez que ampliará ciertas visas temporales para que hondureños y salvadoreños puedan estar y trabajar en los estados del sur del país, lo que para algunos expertos permitirá evitar que muchos lleguen a la frontera norte.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, hizo ese anuncio el lunes por la noche en Chiapas, estado fronterizo con Guatemala. Horas después, en el primer día del programa piloto, Carlos Gómez, un hondureño de 55 años que había pedido refugio en Estados Unidos fue retornado a Tijuana desde San Diego. Según las autoridades mexicanas, entró a México con la caravana del año pasado.

El martes, al cruzar la frontera, Gómez pidió ayuda para que le llevaran hasta uno de los albergues para migrantes que hay en la ciudad, dijo el agente de migración Rodulfo Figueroa.

Las autoridades mexicanas están preocupadas por el alcance de esta medida unilateral de la administración Trump. México se ha mostrado dispuesto a aceptar a los migrantes que les sean devueltos aunque esto incrementará la presión migratoria en las ciudades mexicanas fronterizas donde se aplique. Sin embargo, ha lanzado mensajes contradictorios al iniciarse el programa.

El portavoz de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco, aseguró el viernes pasado que las autoridades estadounidenses les informaron que comenzaría con grupos de 20 personas que cruzarían por el paso de San Ysidro, en Tijuana, y que la medida se extendería a otros puntos fronterizos. México, según Velasco, no aceptaría menores no acompañados ni personas con problemas de salud y los casos de familias se estudiarían de forma individual.

Una autoridad mexicana con conocimiento directo del proyecto que pidió el anonimato porque las negociaciones entre ambos países no se han hecho públicas, indicó que México pidió que se excluyera a las familias del plan y se comenzara solo con adultos.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) ahondó el lunes en este detalle, importante porque el grueso del incremento de las solicitudes de asilo en Estados Unidos lo protagonizan familias centroamericanas, y señaló que solo se aceptarían de regreso a peticionarios de asilo de entre 18 y 60 años, lo que dejaría fuera a los adultos que viajan con niños. También dijo que el programa solo se aplicaría en el cruce de El Chaparral, en Tijuana.

Katie Waldman, portavoz del Departamento de Seguridad Interior, desmintió tajantemente a Guillén y aseguró que el plan era extender esta política “a toda la frontera sur” estadounidense y que se aplicará a familias completas.

La idea general del plan es que los migrantes puedan ir y venir entre México y Estados Unidos mientras se tramitan sus juicios de asilo gracias a las visas humanitarias que algunos ya tienen o de permisos especiales que se tramitarían a ese efecto, dijo el responsable de migración mexicano.

La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, tenía previsto supervisar el inicio del programa el martes en la garita de San Ysidro, en San Diego, donde se pondría en marcha un proyecto piloto del mismo, pero no tuvo ninguna aparición pública en esta ciudad fronteriza con Tijuana.

El vocero de la cancillería, en un artículo publicado el viernes por The Washington Post, dejó entrever las incertidumbres del nuevo plan por “el reto operativo” que supone y que “abre la puerta a nuevas complicaciones potenciales” que México continuará planteando a Estados Unidos para “gestionar adecuadamente la situación”.

Aunque los cruces ilegales desde México se encuentran en niveles históricamente bajos, ha habido un incremento en las solicitudes de asilo en Estados Unidos, en especial de familias centroamericanas. Debido a la falta de espacio y a un límite judicial de 20 días para mantener detenidos a niños, las familias normalmente son puestas en libertad con un aviso para que se presenten ante una corte de migración, pero como hay un retraso de más de 800.000 casos, eso puede llevar años.

La política de Washington buscaría reducir los incentivos para que los migrantes soliciten asilo en el país con la idea de que quedarán libres y podrán pasar varios años allí aunque sus pedidos sean rechazados pero organizaciones civiles estadounidenses temen que el programa viole los derechos de los migrantes y algunos colectivos no descartan acciones legales contra este plan.

Mientras tanto, el rediseño de la política migratoria mexicana en estos primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asumió la presidencia el pasado 1 de diciembre, también suscita recelos.

Para Enrique Vidal Olascoaga, abogado del Centro Fray Matías de Córdova, una ONG especializada en migración y refugio en Tapachula, en la frontera con Guatemala, “México sigue haciendo el trabajo a Estados Unidos” porque los nuevos anuncios de Guillén esta semana “tienen un claro enfoque de contención para que las personas no vayan al norte”.

Con las visas humanitarias que se daban hasta ahora, los migrantes podían moverse por todo el país y alcanzar la frontera con Estados Unidos legalmente. Sin embargo, las tarjetas de visitantes regionales o trabajadores fronterizos limitan el movimiento de los centroamericanos a los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, todos al sur de la capital del país.

El gobierno mexicano ha dejado claro que se estudiarán nuevos instrumentos migratorios para hacer frente a la llegada de centroamericanos y que estén en el país y puedan trabajar legalmente.

Vidal adelantó que se baraja que los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos puedan solicitar las visas pertinentes a través de las embajadas mexicanas en sus respectivos países pero, según el abogado, esta medida podría poner en peligro a personas que están perseguidas en su tierra natal.

Según los últimos datos del INM, en las últimas dos semanas casi 12.600 migrantes han solicitado visa humanitaria. El gobierno ya se la concedió a casi 4.000 personas y tramitará el resto de solicitudes pero no aceptará más de momento. Además, en torno a 3.000 integrantes de las caravanas de finales de 2018 disfrutan del mismo permiso.

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