Llega a la ONU informe sobre tragedia de migrantes en México.

Según el documento, en el segundo semestre del año pasado se registraron 110 casos de extorsiones, desapariciones forzadas, secuestros, robos, amenazas, ejecuciones arbitrarias por parte de bandas delincuenciales, así como “una sucesiva violación de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades locales, estatales o federales” contra migrantes.

En su recuento, las organizaciones detallan casos paradigmáticos y el tratamiento que autoridades estatales y federales han dado a los mismos, y que demostrarían la presunta responsabilidad del Estado mexicano en violaciones graves a los derechos fundamentales de migrantes.

La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, incluido el amparo contra la recomendación que al respecto hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el tratamiento que autoridades dieron al descubrimiento de 193 restos en 49 fosas clandestinas también en San Fernando, así como los agravios cometidos contra los familiares y la ausencia de mecanismos eficaces para investigar las violaciones a derechos humanos de los migrantes, son algunos de los temas abordados.

Las organizaciones firmantes del documento son: la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Trac Impunity Always (TRIAL de Suiza), Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez;  Comité de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador;  Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso de Honduras y la Mesa Nacional para las  Migraciones en Guatemala.

En el documento se incluye una sistematización de datos recabados en el último semestre de 2013 por la Casa del Migrante de Saltillo, que registró “110 casos de ataques a migrantes” que han derivado en extorsiones, desapariciones forzadas, secuestros, robos, amenazas y ejecuciones arbitrarias por parte de bandas delincuenciales así como “una sucesiva violación de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades locales, estatales o federales”.

Las organizaciones documentaron que al menos 52% de migrantes que cruzaron por las ciudades de Tierra Blanca, Coatzacoalcos y Orizaba, en el estado de Veracruz, se vieron obligados a pagar una cuota mínima de 100 dólares a miembros de “las maras y el crimen organizado”, que controlan estas localidades.

Peor aún, resulta que el 24% de migrantes entrevistados por activistas admitieron que fueron extorsionados por agentes de la Policía Federal, en retenes y en centrales de autobuses, “a las personas se les pedía pagar una cantidad de dinero bajo la amenaza de que de no cumplir serían llevados ante las autoridades migratorias para ser reenviados a sus países de origen”.

La Casa del Migrante de Saltillo, se indica, recabó 35 testimonios de personas migrantes víctimas de tortura, que fueron previamente víctimas de privación arbitraria de la libertad, por parte de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Saltillo, a fin de obtener declaraciones autoinculpatorias “por posesión de droga, o bien por venta de droga al menudeo”.

Otros actos de tortura fueron atribuidos a efectivos del Instituto Nacional de Migración (INM), mismos que pese a ser denunciados por las víctimas “no se llevó a cabo una investigación eficaz que permitiera identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos”.

El documento aclara que muchos migrantes por temor y desconocimiento de sus derechos no se atreven a denunciar delitos o abusos, y que en los dos únicos casos en que las víctimas lo hicieron ante la Procuraduría General de  Justicia de Coahuila, “no se les otorgó visa humanitaria en calidad de víctimas/testigos de delito dentro del territorio nacional”, pese a que así lo establece la Ley de Migración.

Tras señalarse que los migrantes siguen siendo víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, en el informe adicional las organizaciones resaltan que existen otros datos de abusos documentado por la Red Regional Verdad y Justicia, que tiene un recuento de 344 casos de personas migrantes víctimas de violaciones a sus derechos humanos en El Salvador, Honduras, Guatemala y México.

Aunque se aclara que cada organización lleva su propio registro, así el Comité de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, tiene una lista de 231 casos de migrantes desaparecidas o fallecidas, en tanto que el Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso de Honduras tiene 472 casos.

Más allá de los datos que cada organización pueda tener, se apunta, resulta alarmante que en México, donde ocurrieron la mayoría de los agravios contra migrantes, “no se cuenta con un banco de datos que concentre en un único lugar lo casos de personas desaparecidas”, lo que “obstaculiza el funcionamiento de mecanismos eficaces de búsqueda e investigación”.

Resulta desconcertante para las organizaciones defensoras de derechos de los migrantes que  “si bien la administración del nuevo gobierno federal indicó tener este tema entre sus prioridades, hasta el momento no se han llevado a cabo acciones concretas”.

Se da cuenta que mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto ha reconocido un registro de 26 mil 121 casos de desaparecidos en México el sexenio pasado, no se tiene claridad de cuántos de ellos corresponden a personas migrantes.

Ni siquiera la CNDH ha dado un seguimiento puntual al tema de las desapariciones, apunta el estudio, pues “después de documentar 412 casos de secuestros masivos de migrantes con 21 mil 91 víctimas en un periodo de un año, desconoce cuántos migrantes continúan con estatus de desaparecidos o secuestrados, cuántos fueron hallados vivos o muertos, cuántas investigaciones se abrieron al respectos, cuántos procesos penales siguen vigentes y cuántos se clausuraron”, toda vez que argumentó que no está obligada dar seguimiento a los informes especiales, según respondió a una solicitud de información pública.

En tanto que a través de una solicitud de información hecha por la Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes se asegura que en Honduras existen 541 migrantes no localizados de 2010 a la fecha, y en El Salvador se tienen registros de mil 584 personas desaparecidas desde 2005.

Ante este panorama, las organizaciones consideraron esencial la coordinación de los países involucrados en el fenómeno migratorio, para atender el problema de las desapariciones, ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, y sobre todo para identificar los restos de las víctimas.

En el escrito enviado al relator especial Christof Heyns integran una serie de recomendaciones que piden sean considerados en su informe final, que se someterá al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su periodo de sesiones comprendido entre el 3 y 28 de marzo próximo.

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