¿La nueva Ley de Migración significa un cambio real?

El proceso legislativo en México, como en cualquier parte del mundo es complejo, son muchos los factores a considerar. Legislar sobre un tema requiere de un amplio debate que incluya diversas perspectivas, entre ellas, la de la sociedad civil, sobre todo, cuando la ley busca definir una política de Estado. Tal es el caso, consideramos, de las discusiones en torno a la iniciativa de ley de migración que se discute en estos momentos en el Congreso de la Unión.

Desde hace varios meses el debate en torno a la migración en México ha ido incluyendo la situación de los derechos de las personas transmigrantes, es decir, quienes cruzan nuestro país para llegar a Estados Unidos. En 2009 y 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó sendos informes especiales sobre secuestros a personas migrantes, en los que señaló la situación de altísima vulnerabilidad de las y los migrantes irregulares en su tránsito por México. Varios incidentes posteriores, como la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas y el secuestro de 30 migrantes en Oaxaca, alcanzaron una cobertura mediática significativa y con ello se reforzó el sentimiento común de la necesidad de legislar en la materia.

Al día de hoy, la normatividad que regula la atención al fenómeno migratorio está contenida en la Ley General de Población (LGP), sin embargo, la situación de vulnerabilidad tan alarmante de los migrantes refleja la necesidad de legislar en la materia y crear una ley de migración. Por ello, el Instituto Nacional de Migración (INM) comenzó, desde hace un par de años, a elaborar un proyecto de ley con el apoyo de un Consejo Consultivo integrado por expertas y expertos en el tema. Dicho proyecto sirvió de base para la iniciativa de ley de migración presentada en el Senado en diciembre del año pasado.

La iniciativa fue presentada por un grupo de trabajo plural conformado por senadoras y senadores de PRI, PAN y PRD, quienes se comprometieron a agilizar el proceso en aras de contar con una ley que respete y proteja los derechos de las personas migrantes.

El 22 de febrero del presente año, el pleno del Senado la aprobó en lo general y algunos senadores se reservaron ciertos artículos. Dos días más tarde, las modificaciones a los artículos reservados estaban siendo votadas y aprobadas en pleno, con lo cual la iniciativa era aprobada y enviada a la Cámara de Diputados. Dentro de las discusiones, la que le mereció al artículo 26, mediante el cual se buscaba normar la colaboración entre la secretaría de Seguridad Pública y el INM, fue la más acalorada. Principalmente mediante dicho artículo se regulaban aspectos tan importantes como sobre los operativos y la posibilidad de que una autoridad fuera de la migratoria, participara en las detenciones de migrantes. A la iniciativa, principalmente por lo contenido en este artículo, se le llegó a comparar con la Ley Arizona, por lo que el 24 de febrero se votó por la eliminación de dicho artículo. El suceso se celebró con bombo y platillo, sin embargo, preocupa que la perspectiva desde la cual se atienden las migraciones sigue siendo una de seguridad nacional y pública, criminalizando con ello a las y los migrantes irregulares.

De cara a la discusión de esta ley, varias organizaciones de la sociedad civil [2]conformamos el grupo de trabajo sobre legislación y política migratoria, desde el cual se le ha dado seguimiento a la iniciativa y a los debates en torno a ella. Después de analizada la minuta enviada a la Cámara de Diputados, más allá del ambiente festivo en torno a su aprobación en el senado, continúan siendo preocupantes varios puntos:

• Se continúa vinculando el tema de la migración al de la Seguridad Nacional
• Persiste la participación de la SSP en acciones de verificación migratoria
• No desaparecen los operativos ni las verificaciones domiciliarias sin orden judicial, a pesar de ser contrarios a la Constitución
• Los tiempos de detención de las personas migrantes se ampliaron y continúa la discrecionalidad
• Las visas de tránsito que se establecen no cambian de fondo lo que ya existe, sólo cambia el nombre
• La Ley no garantiza los derechos humanos de las personas migrantes
• Con esta Iniciativa no se disminuyen los riesgos ni la violencia que enfrentan las personas migrantes a diario en el territorio mexicano

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