La crisis fronteriza no ha terminado

La administración Obama fue sorprendida sin preparación cuando comenzó la oleada, y respondió con su propia oleada, instalando rápidamente miles de casas de detención y elevando al máximo las deportaciones. Pasó a los recién llegados al frente de las largas y rezagadas filas registradas en las saturadas cortes inmigratorias, tratando de hacer llegar un enérgico mensaje a otros centroamericanos que estuvieran contemplando el viaje: no lo intenten.

Los migrantes, en su mayoría menores de edad sin compañía de ningún adulto, arribaron para escapar de la violencia en Guatemala, El Salador y Honduras, probablemente teniendo argumentos creíbles para pedir asilo. Hoy en día miles de ellos permanecen hacinados en salsas de tribunales y centros de detención, y, en su mayor parte, se encuentran hambrientos de apoyo legal. No tienen derecho a abogados pagados por el Gobierno, mientras que el Congreso ha rechazado la solicitud del Ejecutivo de fondos destinados a servicios legales. El Departamento de Servicios Humanos y de Salud acaba de obtener nueve millones de dólares para pagar abogados destinados a aproximadamente dos mil 600 menores solos. Pero se trata de una pequeña parte de los que necesitan asistencia.

Recientemente, Gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro han armado su propia red de apoyo. El Cabildo del Gobierno de la Ciudad de Nueva York se ha sumado a dos organizaciones filantrópicas, la Fundación Robin Hood y el Fideicomiso Comunitario de Nueva York, a fin de suministrar casi dos millones de dólares en asistencia legal para cerca de mil menores. San Francisco ya aprobó 2.1 millones.

Se trata de gestos admirables de compasión a nivel comunitario, a pesar de ser improvisados e inadecuados para la tarea. Sorprende el hecho de que no correspondan con la negativa del Gobierno federal a otorgar a estos migrantes desesperados la misma consideración brindada a otros grupos de refugiados. No obstante que el presidente Obama y funcionarios de Seguridad Interna se han referido a la afluencia como una “crisis humanitaria”, nadie —menos aun el Congreso— pareció creerlo.

A partir de entonces las deportaciones enviaron a los menores de regreso a un torbellino de ciudades repletas de pandillas y drogas como San Pedro Sula, Honduras, donde el miedo motiva a las familias a enviar a sus hijos en traicioneras travesías con destino norte. Los activistas señalan que contar con abogado amplía drásticamente las probabilidades de que un inmigrante permanezca en Estados Unidos. Pero cuando se ignoran los creíbles temores que los migrantes tienen de regresar, cuando los abogados que trabajan en los centros de detenciones carecen de acceso a sus clientes y a satisfactores de necesidades básicas como teléfonos y computadoras, el resultado es que la justicia se demora, de frustra, se niega.

No hay duda de que la administración Obama se encuentra en un serio aprieto. La Patrulla Fronteriza quedó en una posición extraña cuando sus agentes tuvieron que proporcionar pañales y alimentos y demás productos de atención humanitaria a una multitud de menores que se entregaron voluntariamente a lo largo del río Bravo. Las fuerzas antiinmigrantes aprovecharon la crisis a fin de desatar el pánico por la protección fronteriza. Pero el temor se dirigió al lugar equivocado, mientras que la administración y el Congreso debieron haber actuado mejor con estos menores traumados. Estados Unidos está obligado por ley a considerar cuidadosamente a los migrantes que temen ser perseguidos. El bienestar y la sobrevivencia de éstos no deben depender únicamente de la bondad de unos extraños.

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