Informe del debate migratorio: la frontera y la seguridad

Además de arrancar el proceso de enmiendas, el primer día de audiencias marcó las posturas y los argumentos de los bandos a favor y en contra del proyecto.

Así, Chuck Schumer, senador demócrata de Nueva York e integrante del Grupo de los Ocho, dijo que la medida es “un barco balanceado y fuerte que ahora inicia su viaje”, que de concretarse, no sólo beneficiará a las familias inmigrantes sino a la economía y la nación.

Schumer hizo un llamado a la oposición republicana, sobre todo al sector que intentará matar la medida con enmiendas venenosas: “sean constructivos”

Pero el consejo fue desechado. Chuck Grassley, senador republicano de Iowa que se opone al proyecto, mostró algunas de las cartas que esa oposición empleará. Grassley, por ejemplo, trató de comparar la amnistía de 1986 con la vía de 13 años a la ciudadanía con estrictos requisitos que contempla el plan S. 744; dijo que los requisitos de seguridad fronteriza que deben estar listos para dar luz verde a esa vía son “débiles”; y aseguró que tomará todo el tiempo que sea necesario para que se respondan todas sus inquietudes. En resumen, la estrategia de la oposición republicana: tildar el S. 744 de amnistía; tratar de matar el corazón del plan, la vía a la ciudadanía, con mayores trabas; y extender el proceso legislativo con la intención de descarrilar el proyecto. Grassley, por cierto, presentó 77 enmiendas al proyecto.

Ted Cruz, senador republicano de Texas, afirmó que “quiero que se apruebe una reforma migratoria sensata”, aunque una de las enmiendas que propuso busca deshacer el corazón del proyecto, la vía a la ciudadanía, al proponer que quienes hayan sido indocumentados y se beneficien del proyecto no puedan solicitar la ciudadanía.

En el primer día de audiencias el panel discutió el Título I del proyecto relacionado con la seguridad de la frontera y enmiendas vinculadas a requisitos de seguridad que condicionan el inicio de la vía a la ciudadanía.

El panel rechazó varias enmiendas republicanas que buscaban minar esa vía a la ciudadanía que es el corazón del proyecto, incluyendo una enmienda de Grassley (Grassley 4) que fue rechazaza en votación 12-6 y que pretendía imponer mayores requisitos de seguridad fronteriza antes que los inmigrantes pudieran iniciar la vía a la ciudadanía. La enmienda pedía que el DHS demostrara “control efectivo” de la frontera por seis meses antes de que ningún inmigrante iniciara su vía a la ciudadanía.

Pero tuvo oposición incluso de republicanos como Jeff Flake, senador de Arizona e integrante del Grupo de los Ocho, quien indicó que no era buena idea retrasar esa vía a la ciudadanía. “La gente está en las sombras y tenemos que lograr que salgan de ahí”, dijo Flake.

Su colega demócrata de California, Dianne Feinstein, coincidió y le recordó los logros en materia de seguridad: se han completado 651 millas de barda de las 700 requeridas, hay más agentes, aviones no tripulados, vehículos y tecnología de punta. Retrasar el proceso de legalización es contraproducente, declaró Feinstein.

El panel también rechazó una enmienda de Cruz, (Cruz 1), para crear más condiciones de seguridad fronteriza que tendrían que cumplirse antes de que ninguna persona pueda iniciar su vía a la ciudadanía. Pedía triplicar la cifra de agentes fronterizos (a más de 60 mil) y cuadruplicar la tecnología.

Asimismo, rechazó en votación 12-6 una enmienda del republicano de Utah, Mike Lee, (Lee 4) que requería aprobación del Congreso por la vía rápida de las estrategias de seguridad fronteriza que el DHS tiene que presentar bajo el proyecto actual, antes de que se inicie la vía a la ciudadanía. Se trataba de otra oportunidad velada de minar la legislación.

El panel aprobó la enmienda Schumer 2 que concede más dinero al DHS al principio de la implementación del programa de legalización, que será recuperado más tarde a través de las cuotas.

El panel aprobó también un paquete de 11 enmiendas de seguridad, 6 republicanas y 5 demócratas, todas lidiando con asuntos técnicos. Una de ellas, Leahy 1, del presidente del Comité Judicial, Patrick Leahy, demócrata de Vermont, prohíbe que se cobren cuotas de cruce fronterizo terrestre.

El debate resucitó el argumento de la “seguridad fronteriza primero” antes de considerar planes de legalización. Sin embargo, la postura no toma en cuenta los miles de millones de dólares destinados a la seguridad fronteriza por los pasados años y los progresos alcanzados.

En 2007, tras el fracaso de un proyecto de reforma amplia, lo único que avanzó fue un proyecto de ley que fijaba requisitos en materia de seguridad que debían cumplirse. En 2013 ya la mayor parte de esos requisitos se han cumplido y aunque la excusa de la seguridad fronteriza sigue esgrimiéndose por quienes se oponen a la reforma migratoria, la frontera está más segura que nunca.

Un reciente informe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) concluyó que en el año fiscal 2012 Estados Unidos gastó 18 mil millones de dólares sólo en la aplicación de leyes migratorias, más que el FBI, la DEA y el Servicio Secreto combinados. Armados de tecnología, bardas virtuales y físicas y duplicando la cifra de agentes fronterizos, los cruces de indocumentados están a su nivel más bajo en 40 años.

Asimismo, la administración Obama ha deportado a una cifra récord de inmigrantes.

El proyecto S. 744 destina hasta 6,500 millones en nuevos recursos de aplicación de leyes y seguridad fronteriza.

Se supone que los requisitos de seguridad, en teoría, no impedirán que los inmigrantes inicien y completen su vía a la ciudadanía, pero es uno de los puntos más observados por los grupos pro inmigrantes.

Seis meses después de promulgada la ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe someter dos planes para cumplir con los requisitos de seguridad fronteriza que propone la ley. El primer plan es para lograr detener a 9 de cada 10 indocumentados que intenten cruzar la frontera en ciertos sectores, denominado la tasa de efectividad del 90%. El segundo plan es para reforzar las barreras y muros en la franja. La fase inicial del plan de legalización no comienza hasta que se sometan estos planes. Pero se supone que esto no retrase la vía a la ciudadanía porque el proceso de solicitud se inicia un año después de promulgada la ley, año en que se completen las regulaciones del proceso.

Si al cabo de cinco años no se han completado los requisitos de seguridad, es decir, las tasas de efectividad del 90% de detenciones, se asignarán más fondos y una comisión especial integrada por funcionarios de estados fronterizos recomendará al DHS qué medidas tomar para lograr los objetivos.

Según el proyecto, al cabo de cinco años el programa de verificación de identidad E-Verify será obligatorio para todos los empleadores. Asimismo, tiene que implementarse un sistema electrónico para verificar las entradas y salidas de personas en aeropuertos y puertos marítimos. Se calcula que 40% de la inmigración indocumentada son personas que ingresaron al país legalmente como turistas, estudiantes y otro tipo de permisos, y se quedaron más allá de lo autorizado por sus visados. Pero ambos programas son viables y no deberían entorpecer la vía a la ciudadanía porque tienen que estar establecidos antes que los inmigrantes con Estatus de Inmigrante Provisional Registrados (RPI, por sus siglas en inglés) puedan solicitar la residencia permanente.

Entre la audiencia que presenció el primer día de audiencias del proyecto S.744 se encontraban los inmigrantes que se beneficiarán de la medida así como familiares de esos inmigrantes que creyeron importante, dijeron, encarar a los senadores que tienen el futuro de millones de personas en sus manos.

Todos se tomaron de las manos y elevaron una oración antes de iniciarse el debate.

Arely Cruz vino desde Utah. “Para mí la unidad familiar es muy importante y quiero poder salir de mi casa, ir a la universidad y saber que al regresar mis padres estarán en mi casa”.

Una fila de Soñadores de la red United We Dream cuyos padres han sido deportados mostraban fotos de sus familiares en camisetas. “Es un simbolismo importante para que los senadores entiendan nuestro dolor y la importancia de mantener las familias unidas”, declaró Vivian De León, quien llegó desde Boston, Massachusetts.

El panel Judicial está integrado por 18 senadores, 10 demócratas y ocho republicanos.

El proceso de debate de enmiendas se realizará los días martes y jueves por las próximas dos semanas y podría tomar unos días más si fuera necesario.

Se presentaron más de 300 enmiendas, la mayoría de ellas de parte de republicanos que de todos modos se oponen a la reforma migratoria y cuya única intención es tratar de descarrilar la medida.

Si el proyecto es aprobado por el Comité Judicial, pasaría entonces al pleno del Senado, donde de nueva cuenta será debatido y enmendado en el largo proceso legislativo que queda por delante.

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