¿Expulsar o integrar a las personas migrantes en México?

Si bien casi una décima parte de las y los mexicanos viven en otro país, a lo largo del siglo XX y hasta 2010 menos del 1% de la población residente en México había nacido en el extranjero. En la mayoría de los censos, ese porcentaje era de cerca de 0.5%. Sin embargo, es probable que el número de personas que se quedan a residir en este país esté aumentando rápidamente. Esto se debe, por un lado, a múltiples factores de expulsión que han acelerado la salida de familias con niños desde Centroamérica. Por otro lado, la política cada vez más restrictiva y punitiva del gobierno de Estados Unidos contra migrantes y solicitantes de asilo obliga a muchas personas a quedarse en México.

A pesar de lo anunciado al inicio de su gobierno por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y reiterado por diversos funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), no existe hasta el momento una política de integración de personas migrantes y refugiadas en nuestro país. Durante el primer año del gobierno de Morena (2019), el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó 186,750 detenciones de migrantes, lo que representó un aumento de 42% sobre el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto (2018). La gran mayoría de esas personas fueron devueltas a sus países de origen.

Así mismo, en 2019 más de 70,000 personas solicitaron refugio en México y más de 60,000 personas extranjeras fueron devueltas a la frontera norte de este país por las autoridades estadounidenses para esperar aquí su juicio de asilo (a través del programa conocido como “Quédate en México”). Esto significa que al menos 130,000 personas necesitadas de protección internacional se encuentran en México, particularmente concentradas en las dos franjas fronterizas del sur y norte del país.

Una característica peculiar de las nuevas migraciones es que se trata en su mayoría de familias que huyen de situaciones insostenibles en sus lugares de origen. Entre las personas detenidas por su situación migratoria en México durante 2019, 28% eran niñas, niños y adolescentes y 30% estaba constituido por mujeres. Es decir, la mayoría (58%) de las personas migrantes detenidas eran mujeres, niñas, niños y adolescentes.

De los datos anteriores, podemos inferir que cada vez más, las personas extranjeras que se encuentran en México son familias encabezadas por mujeres, y que una alta proporción requiere protección humanitaria. En este sentido, las alternativas de integración deben contemplar prioritariamente aspectos tales como el registro escolar, la vivienda, la atención a la salud (incluida la salud mental), y programas de empleo con perspectiva de género.

La estrategia del gobierno federal se ha centrado en la creación de empleos para personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiado en el programa Sembrando Vidas, cuyos objetivos son la reforestación y la generación de empleo en zonas agrícolas. En su Primer Informe de Gobierno, el 1 de septiembre 2019, López Obrador informaba sobre la creación de 800 empleos para migrantes que trabajan en Chiapas a través de este programa, cifra insignificante si consideramos que, de acuerdo con la COMAR, en esa fecha más de 19,000 personas se encontraban en trámite de solicitud de la condición de refugiado, a las cuales se sumaban también decenas de miles de inmigrantes, algunas en trámite de regularización y otras sin documentos. Por otro lado, los programas de trabajo temporal, como el de Sembrando Vidas, suelen emplear mayoritariamente a hombres adultos.

Una encuesta levantada recientemente entre 392 migrantes y solicitantes de la condición de refugiado, por El Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Derechos Fray Matías de Córdova en Tapachula, Chiapas, demostró que resulta más difícil para las mujeres que para los hombres encontrar trabajo en esa ciudad. Las opciones laborales son además mucho más limitadas para ellas: los resultados de la encuesta revelan que los hombres trabajan en más de una docena de empleos en la construcción, oficios, comercio, servicios y agricultura, mientras que las mujeres migrantes sólo encuentran trabajo en el servicio doméstico y cuidados, o en la preparación de alimentos y bebidas. Es de destacar también, entre los hallazgos de la encuesta, que sólo 12 mujeres habían logrado inscribir a sus hijas e hijos en la escuela.

Hasta ahora, en materia de política migratoria el gobierno de Morena ha concentrado todos sus esfuerzos en aumentar la capacidad de detención y expulsión de las personas migrantes, muchas veces con costos humanos elevados. Si quiere cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, refugio y migración ordenada y segura, se ha vuelto prioritario para México dirigir el presupuesto y las políticas públicas hacia la integración de las personas extranjeras, con una perspectiva de género y generacional.

* María Dolores París Pombo, El Colegio de la Frontera Norte.

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