Estas son las duras consecuencias del nuevo acuerdo entre EEUU y México para los migrantes que piden asilo en la frontera

El acuerdo migratorio alcanzado el viernes entre los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido recibido con fuertes críticas por parte de activistas y abogados de inmigración, que además advirtieron de que va a generar más problemas legales para los inmigrantes que piden asilo en la frontera.

Según el pacto, México autorizará la entrada de migrantes “mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo” en los tribunales estadounidenses y el gobierno de Washington “se compromete a acelerar la resolución de sus casos y proceder con los procesos lo más expedito posible”.

Pese al optimismo mostrado el fin de semana por Estados Unidos y México, abogados advierten que los migrantes que esperan en México a partir de ahora no solo tendrán más dificultades para preparar sus casos y obtener asistencia legal, sino también para apelar fallos adversos.

“Es posible que no tengan la posibilidad de una entrevista de temor creíble y, además, no podrán presentar sus casos ante la unidad de asilo. Terminarán directamente en el tribunal y eso hace que el caso sea mucho más difícil. No tendrán posibilidad de apelar los casos denegados, pues sin dinero para un abogado de apelaciones eso no es posible”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y que durante 15 años se desempeñó como fiscal de inmigración del Departamento de Justicia.

La desesperanza también inquieta. “Puede haber inmigrantes que simplemente se cansen de esperar e intenten cruzar la frontera a través del uso de coyotes u otros medios”, advierte. “Algunos inmigrantes realmente pueden encontrar trabajo y una nueva vida en México, si se les permite permanecer allí y no sigan con sus casos. Y otros terminarán regresando a sus hogares de donde huyeron, porque la espera va ser demasiado larga”.

“No hay duda que permanecer en México para esperar a que proceda su proceso legal tendrá un impacto negativo en los casos. Y si vienen buscando asilo, como lo hacen todos, a la mayoría no se les otorgará el beneficio porque la base de sus reclamaciones no está dentro del alcance de las leyes. El asilo político es un proceso complicado y muchos inmigrantes no lo entienden así. El gobierno puede proceder de forma rápida con los casos y denegar de manera expedita las solicitudes. O bien demorará intencionalmente los procesos para que los inmigrantes se cansen y se den por vencidos”, señala.

En cuanto a las razones de la crisis, Sánchez-Roig dice que Trump culpa a México por los problemas siendo que el vecino del sur no los ha causado.

“La causa es que por cada inmigrante que cruza ilegalmente a Estados Unidos hay un ciudadano americano o un residente legal permanente esperando a emplearlo. Hay muchos trabajos en Estados Unidos que nuestros ciudadanos no quieren hacer. Por ejemplo, en el campo, las fincas. Es el indocumentado el que siembra y cosecha las frutas y las verduras que consumimos. Son ellos los que pasan de 10 a 12 horas diarias bajo un sol abrasador y un calor de 100 grados para que el pueblo estadounidense disfrute de los tomates, las fresas, las lechugas, etc. La política de Trump no solo perjudicará a los inmigrantes que buscan refugio en nuestro país, también perjudicará a nuestra economía porque no quiere entender que el estadounidense promedio no quiere trabajar en la recolección de cultivos”.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia guarda silencio sobre los procesos, las demoras, el retorno de solicitantes de asilo a México (MPP) y el acuerdo firmado con el vecino del sur.

“La Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) ha sido extremadamente callada con respecto a cualquier detalle de este programa”, dice a Univision Noticias Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración de Estados Unidos (NAIJ). “Tiene muchos problemas, el peor de los cuales es el hecho que no hay acceso a asesoramiento legal probono”.

En marzo del 2016 el grupo de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) señaló que el entonces gobierno de Barack Obama seguía, dos años después de que estallara la crisis en la frontera, dando a los migrantes que huyen de Centroamérica y que buscan asilo en Estados Unidos, un trato “esquizofrénico”.

“Y todo indica que quienes vienen buscando protección todavía no tienen una oportunidad real de preparar y ganar sus casos en las cortes de inmigración”, dijo Clara Long, investigadora principal para Estados Unidos de HRW.

Dos meses antes, el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracurse en Nueva York, reveló que entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 las cortes de inmigración habían emitido 18,697 órdenes de deportación a niños y mujeres migrantes. Y de ellas 16,030 (86%) fueron para casos en los que las mujeres no tuvieron ninguna representación legal.

Previamente el TRAC había señalado que las probabilidades de permanecer en el país para niños y madres migrantes se incrementaban en más de 14 veces si tenían representación legal en las cortes de inmigración.

La política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump, implementada a partir de su llegada a la Casa Blanca, causó verdaderos estragos en las cortes de inmigración. La falta de independencia de los tribunales, la imposición de un sistema de cuotas y el retiro de discrecionalidades durante la impartición de justicia, llevaron a muchos jueces a pensar en irse o pedir anticipadamente sus retiros.

“Habíamos estado prediciendo que se produciría un verdadero tsunami de jubilaciones debido a la creciente presión ejercida sobre los jueces”, dijo Marks en febrero. “Los jueces están obligados a concluir más casos de forma más rápida que nunca y con menos apoyo”, agregó.

Hasta antes de la firma del acuerdo, Estados Unidos regresaba a México a ciertos migrantes que solicitaban asilo en la frontera a esperar la resolución de sus casos. El 22 de mayo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que, desde su implementación el 28 de enero, unos 6,000 migrantes habían sido retornados a México bajo el MPP, un programa “muy peligroso para los solicitantes de asilo”, dice Víctor Nieblas, un abogado de inmigración y expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“Los solicitantes de asilo devueltos a México enfrentan peligros y discriminación”, agrega. “Los abogados que desean ayudar se niegan a ir a México debido a las leyes laborales de ese país que prohíben a los ciudadanos estadounidenses trabajar ilegalmente en México. Y el gobierno de Estados Unidos, junto con las autoridades mexicanas, reúnen a los abogados que han ido a México para ayudar a los solicitantes de asilo y afectan negativamente los esfuerzos probono en la frontera. Tememos ser blanco de ambos gobiernos para detención o deportación, como lo han demostrado ejemplos recientes”, denunció.

Nieblas dice que “hasta que una corte federal ponga fin al MPP, este continuará teniendo un enorme impacto negativo en los solicitantes de asilo, quienes están obligados a permanecer en México hasta que se establezcan sus audiencias en Estados Unidos”.

A comienzos de mayo la Corte de Apelaciones del 9º Circuito le dio la razón temporalmente al gobierno de Trump al determinar que puede seguir enviando a México a algunos solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos en las cortes de inmigración, revirtiendo así el fallo previo de un juez que había bloqueado la medida. El acuerdo firmado el viernes permitirá enviar a todos los que lleguen buscando asilo y hayan entrado sin documentos al país.

El abogado de inmigración Andrew Nietor quedó impactado durante la presentación ante una corte de San Diego de un matrimonio de migrantes centroamericanos que aguardan la resolución de sus peticiones de asilo. “Me presenté en una de las audiencias magistrales del programa MPP. La primera (audiencia) fue (de) una pareja con dos niños pequeños, desaliñados y desorientados, y con un franco olor a personas sin hogar, como las docenas de otras personas en la sala de espera del tribunal”, contó.

“El juez les preguntó si tenían lista su solicitud de asilo, como les había indicado el mes anterior. La pareja se miró y luego la mujer se inclinó, en silencio, hacia el micrófono y dijo, en español: ‘Estamos viviendo en las calles de Tijuana. Nos han agredido y asaltado. No tenemos nada’”, agregó.

Nietor dijo además que “fue horrible y asumo que no era el único que quería llorar. El juez les dio otro mes. El DHS no se opuso. Mientras escribo esto, están subiendo al autobús del DHS para volver a la frontera y a las calles de Tijuana”.

Soraya Vásquez, directora de la sección mexicana de la organización Families Belong Together en Tijuana, explica que al otro lado de la frontera (Tijuana) “no estamos preparados. Hay trabajo en las maquiladoras, pero no hay programas de inclusión. No es mágico esto. No se puede arreglar solo con palabras. Como si los migrantes no tuvieran emociones, sentimientos, enfermedades. Son personas, esto no es magia. Los albergues están saturados, no los están apoyando. México tampoco les garantiza orientación legal en Estados Unidos. Y los abogados probono estadounidenses no pueden trabajar acá. La primera información que los migrantes reciben es sobre lo que enfrentarán allá. Pero una vez que asisten a la primera entrevista les preguntan si tienen abogado. Dirán que no porque no hay y entonces les darán dos meses para que lo consigan. Pero aquí no pueden trabajar los abogados de Estados Unidos. Y los pocos que hay no alcanzan para los miles de migrantes que buscan asilo”.

A los poco más de 6,000 migrantes que el DHS regresó a México hasta principios de mayo, se suman otros miles que aguardan sus citas en la frontera y otros miles más que se siguen agregando a las listas de personas que huyeron de sus países a causa de la violencia y la pobreza, y buscan en Estados Unidos una oportunidad de recuperar sus vidas destruidas por culpa de la miseria y la violencia.

“Es todo un circo lo que han hecho para que estas personas permanezcan en México”, dice Lilia Velásquez, una abogada de inmigración que ejerce en San Diego y es profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California. “Hay abogados que están yendo al otro lado y no creo que México les niegue la entrada o que haya oficiales de la migra en los albergues que les digan que no pueden trabajar. No creo que México tome esa medida contra los abogados de Estados Unidos y les pidan papeles. Los abogados probono no están representando a los migrantes ante tribunales mexicanos. Son abogados de leyes de inmigración de Estados Unidos para representar a clientes en cortes estadounidenses”, puntualiza.

Lo más grave, añade, “es que son unos cuantos, muy pocos, y los solicitantes de asilo son miles y el número aumenta dramáticamente todos los días”.

“No cambia nada y no hay nada nuevo porque las devoluciones de personas que piden asilo en el norte las están regresando desde enero”, añade Vásquez.

Además, advierte que “en México no hay infraestructura suficiente para recibirlos, tampoco hay una estrategia del gobierno. López Obrador dice que no está de acuerdo con Estados Unidos, pero que por razones humanitarias los va a recibir. El punto es que la gente llega en una total desprotección. Están solos, son extremadamente vulnerables, son personas, seres humanos y los tratan como si fueran paquetes”.

“Mire, no tenemos infraestructura para atenderlos a todos y darles las protecciones que merecen. No hay albergues suficientes, no hay suficiente atención médica, hay carencia de asesoría legal disponible para todos y los procesos de asilo demoran años porque las cortes están llenas. Ayer conocí a una persona que tiene su tercera audiencia en diciembre, dentro de seis meses. Imagínese. A lo mejor sí van a agilizar los casos, pero no para protegerlos sino para acelerar las deportaciones. Y tampoco los pueden deportar de una sola vez porque la ley no lo permite, tienen que respetar el proceso”, dice la activista.

Para la abogada Barbara Hines, una exprofesora de la clínica legal de la facultad de leyes de la Universidad de Texas en Austin, la meta de Trump “es seguir destruyendo el sistema internacional de protección humanitaria”.

“Muchos centroamericanos tienen familia en Estados Unidos, no en México. Y estoy muy decepcionada con la decisión por parte del gobierno mexicano de ayudar a la política anti-migratoria del presidente”, apuntó.

Entre los principales afectados se encuentran los migrantes de “El Salvador, Guatemala, Honduras y México”, dice Elizabeth Kennedy, investigadora académica de HRW.

“Muchos están detenidos en lugares aislados donde no pueden obtener representación legal. Para ganar sus casos necesitan un abogado y eso es prácticamente imposible con estas políticas. Y a ello se suman los traumas que han desarrollado”, añade.

En el 2013 Kennedy fue una de las investigadoras de la Universidad de California que advirtió al gobierno de Obama la crisis en la frontera, pero las autoridades federales no hicieron caso a las recomendaciones y el problema se hizo enorme, al punto que superó toda expectativa y presagio.

Al final de mayo (segundo cuarto del año fiscal 2019) las cortes de inmigración registraron 796,084 casos (91.64%) de procesos en un idioma distinto al inglés, de acuerdo con datos del EOIR a los que tuvo acceso Univision Noticias.

A su vez, el 30 de abril los tribunales sumaban un atasco de 892,517 expedientes, sin contar los 352,159 casos de deportación cerrados administrativamente y que fueron reabiertos el año pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, como parte de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Trump.

El acuerdo no menciona este lado de la crisis humanitaria en la frontera.

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