Boletín: Gobierno federal viola partes del Acuerdo Flores-Meese de 1997

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En una decisión de gran trascendencia, la Juez de Distrito Dolly McGee dictaminó que el gobierno federal se encuentra en violación de partes del Acuerdo Flores-Meese de 1997 y ordenó que se aplique dicho acuerdo.[1] A grandes razgos lo que esta decisión significa es el fin del encarcelamiento masivo de niños y sus madres que buscan asilo en Estados Unidos, encarcelamiento que implementó ICE a partir del incremento exponencial de la migración de menores no acompañados de Centroamérica en 2014.

En general el Acuerdo Flores-Meese estableció una serie de protocolos de atención de menores bajo custodia de las autoridades migratorias.[2] Se marcaron como requisitos para la atención de menores, el otorgar comida, agua, apoyo médico en caso de emergencias, baños, ventilación y temperatura adecuada, supervisión adecuada para protegerlos de otros, en lo posible separación de menores de adultos desconocidos.

Además de estos lineamientos para el trato de los menores, se acordó que la autoridad migratoria debería de asegurar la liberación pronta de los menores; para los niños que no pudiera liberar inmediatamente, el INS debería colocar a los menores en espacios lo menos restrictivo posible y adecuados a la edad y necesidades de los niños; y que la autoridad migratoria estableciera estándares de atención de menores bajo custodia de la autoridad migratoria.

A raíz del incremento en las detenciones de menores no acompañados y de familias por la patrulla fronteriza en 2014, ICE estableció como política la detención de todas las familias encabezadas por mujeres, incluyendo la detención de niños, en instalaciones de estricta supervisión y seguridad, sin licencia, durante el periodo de su procesamiento legal para establecer su situación de asilo.

Frente a esta situación, organizaciones de defensa de los derechos de la niñez migrante presentaron una demanda contra ICE por violar los términos del acuerdo Flores de 1997.

El 24 de abril de 2015 la Juez McGee declaró que el gobierno federal se encontraba en violación de dicho Acuerdo otorgándole 90 días para mostrar causas por las cuales no se debería implementar la liberación de las familias detenidas. Este periodo otorgado en abril ya se venció y, a pesar de los esfuerzos del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos por mejorar las condiciones en que se trata a los niños en los centros de detención, la evaluación de la juez fue que el gobierno no está cumpliendo con los términos del Acuerdo Flores-Meese.

La reciente resolución del 24 de julio de 2015  le da al gobierno hasta el 3 de Agosto para responder respecto a la decisión, y 90 días para, en acuerdo con la parte demandante, establecer estándares de atención adecuados para los menores detenidos por autoridades migratorias y colocados en centros de detención temporales.

En resumen, lo que se solicita al gobierno es que minimice la detención de niños, que debe considerar como primera opción su liberación con personas cercanas o designadas por los padres o liberarlos junto con la madre misma, en lugar de la detención a largo plazo como se ha venido dando.

Queda por ver 3 asuntos, primero, los mecanismos que establecerá ICE para implementar la liberación de quienes se encuentran detenidos, si van a extenderse a los 90 días o solamente asumirán la decisión que otorga la mayor protección a los niños migrantes dándoles mejores oportunidades de defender su caso frente a las cortes y dejar de exponerlos a situaciones de riesgo psicológico; segundo,  ver si en última instancia el gobierno de Estados Unidos les brindará acceso al debido proceso a estas familias; y tercero, si el gobierno cerrará estos infames centros privados de detención migratoria para niños y mujeres.