Análisis de la política migratoria

 

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto heredó de la Administración predecesora un panorama mixto, pero –en su conjunto– poco alentador en materia de migración. Por un lado, el sexenio anterior vio la creación y publicación de la Ley de Migración y su Reglamento, una normativa elaborada en respuesta a la indignación nacional e internacional suscitada por la matanza de 72 migrantes en el municipio tamaulipeco de San Fernando en 2010 y reconocida –a pesar de sus limitaciones–como un importante avance para los derechos de los migrantes.

Por otro lado, durante la gestión calderonista se dieron algunos de los atropellos más atroces contra los migrantes, tales como las fosas clandestina en San Fernando (Tamaulipas, 2010 y 2011) y Cadereyta (Nuevo León, 2012). Asimismo, se profundizó la corrupción y descomposición del Instituto Nacional de Migración (INM) de las que este organismo ya había sufrido en tiempos anteriores. En su primer año, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha exhibido una preocupante indiferencia ante la tragedia humana que vive este país diariamente y ha desperdiciado, una y otra vez, oportunidades de forjar una política y gestión migratoria integral y respetuosa de los derechos humanos.

México como país de migración: un anfitrión renuente e impasible

Si bien el discurso oficial hace hincapié en los derechos humanos y acciones benéficas, tales como los rescates de los migrantes indocumentados, este discurso contrasta con la realidad. Lo evidencian los mayores sucesos que marcan este primer año de la Administración priista:

• Las cuotas: Desde principios de 2013 se está dando el cobro sistemático de cuotas o derecho de piso por parte de los grupos criminales. Los migrantes indocumentados que viajan en los techos de los trenes de carga y no pagan los montos exigidos, los cuales ascienden a cien dólares por tramo, son arrojados de los trenes en marcha. De esta manera, decenas de personas han perdido la vida o sufrido graves heridas. Entre dichos hechos se encuentran el ataque en Cosoleacaque, Veracruz (mayo de 2013) con más de una decena de heridos, el asalto en Moloacán, Veracruz (julio de 2013) con un muerto y un herido, así como el ataque en Medias Aguas, Veracruz (noviembre de 2013) con tres muertos y por lo menos un herido. Además, agentes del INM siguen extorsionando a migrantes irregulares a cambio de dejarlos pasar.
• Los secuestros: De la misma manera, continúan los secuestros de migrantes quienes, al no reunir los pagos de rescate, son obligados a trabajar para los grupos delictivos como mulas de drogas o facilitadores de secuestros de otros migrantes.
• La trata de personas: Las víctimas de este delito no sólo suelen encontrarse desprotegidas por las autoridades, sino que agentes y funcionarios del INM han sido detectados como cómplices de los perpetradores. Según la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), la participación de los servidores públicos en redes de trata para fines de explotación sexual y laboral incluso se extienden hasta otros países de América Latina y Estados Unidos.
• Las fosas clandestinas: A lo largo del año en curso se han encontrado múltiples fosas clandestinas, entre ellas los restos de ocho personas encontrados en Novojoa (Sonora), un número no especificado de cuerpos calcinados localizados en Tijuana (Baja California), así como el hallazgo de –hasta el momento– 67 cuerpos en La Barca (Jalisco).
• Las desapariciones: La cifra aun aproximada de personas –mexicanas y extranjeras– desaparecidas en territorio nacional se desconoce, debido a que los registros son inexistentes o no confiables. Si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estima el número de personas extraviadas en México en 24 mil 800 casos, siguen siendo deficientes los bases de datos genéticos y los mecanismos de búsqueda tanto de restos como de personas con vida. Estas omisiones han obligado a la sociedad civil y a los mismos familiares a tomar pruebas de ADN, crear bases de datos y recorrer el país en busca de las personas desaparecidas, tal como lo hace la caravana de madres centroamericanas que transita México cada año.

Los transmigrantes son, sin duda, los más afectados por la negligencia institucional. Sin embargo, tampoco se han definido políticas públicas para abordar el desplazamiento interno, provocado en gran medida por la narcoviolencia, y las deportaciones de migrantes mexicanos de Estados Unidos. En Tijuana, por ejemplo, miles de personas expulsadas del país vecino, se ven obligadas a acampar en el cauce del Río Tijuana (conocido como “El Bordo) o en un campamento erigido en la Plaza Constitución (“El Mapa”) ante la imposibilidad o de viajar a sus comunidades de origen o de volver a Estados Unidos donde les esperan sus familias. Asimismo, no se han tomado medidas efectivas ni para poner fin al hostigamiento contra defensores de los derechos de los migrantes ni para luchar contra la discriminación que manifiesta la sociedad mexicana en contra de quienes percibe como diferente.

La política migratoria: la retórica de una alternativa

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, instrumento que pretende orientar las políticas y programas del Gobierno de la República, es en la práctica un documento descriptivo y genérico que carece de una visión de largo plazo. La migración queda plasmada como un asunto de política exterior y se reduce en gran medida a una preocupación por velar por los intereses de la diáspora mexicana y agilizar los controles fronterizos.

La Unidad de Política Migratoria (UPM), facultada para proponer la política migratoria del país, se encuentra encabezada por Omar de la Torre, funcionario con mucha experiencia en el tema de la migración. Es tarea de la UPM la creación del Programa Especial de Migración 2014-2018, el primero en su tipo, para lo cual ha estado realizando foros de consulta pública en México y la ciudad de Chicago. Resta por ver si se aprovecharán las distintas propuestas para definir la política migratoria integral, racional y humana que necesita el país.

Más allá de esta necesidad, el reto que enfrenta la UPM es doble: reunir las distintas instituciones públicas que tienen una responsabilidad en el tema migratorio y construir una relación constructiva con el INM para que la nueva política migratoria, una vez que se cuente con ella, deje su sello en la gestión migratoria y ésta deje de enfocarse en la detección, detención y deportación de los migrantes indocumentados.

La gestión migratoria: abusos, corrupción y opacidad

El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, ha afirmado que su perfil policial lo convierte en la persona indicada para llevar a cabo una profunda limpia del INM. En su toma de posesión se comprometió tanto con la reestructuración del Instituto, “para promover e impulsar su eficiencia, legalidad y honestidad en el servicio”, como con la protección de los derechos humanos de los migrantes en territorio mexicano.

La depuración del INM

Sin embargo, sus antecedentes profesionales no hablan en su favor, ya que fue el encargado, entre otro, de operativos que se emprendieron violentamente para reprimir protestas sociales en el Estado de México y en Oaxaca. Además, un perfil policial no es en sí garantía de una lucha eficaz contra la corrupción y las malas prácticas arraigadas dentro del INM. Durante la gestión de Ardelio Vargas han sido dados de baja más de mil agentes, es decir un quinto de todo el personal del INM, por actividades irregulares, tales como la corrupción, el abuso sexual y el tráfico de migrantes. Sin embargo, se han iniciado apenas 50 averiguaciones previas y se desconocen si sanciones, más allá de la separación del cargo, han sido impuestas.

De hecho, datos del mismo INM confirman que mientras entre 2002 y 2013 se dieron 237 ceses, 29 inhabilitaciones y un número alarmante de 5,710 renuncias, cifras del Registro de Servidores Públicos Sancionados evidencian que en el mismo período se sancionaron únicamente 1,308 agentes y funcionarios migratorios. El grave efecto radica en que las prácticas que produjeron la separación del cargo quedan en la impunidad y –con mucha probabilidad– se repetirán en un futuro cercano.

El uso de la fuerza

El uso de la fuerza ha sido una problemática recurrente dentro el INM. Las denuncias de intimidaciones y golpes son frecuentes tanto en los operativos como en los centros de detención migratoria. Oficialmente, los agentes no están facultados para portar armas de sometimiento de ningún tipo, argumento que es utilizado para justificar la ausencia de un protocolo sobre el uso de la fuerza. Sin embargo, este instrumento es fundamental para regular el uso de la fuerza –letal, no letal y psicológica– y reducir la discrecionalidad de los agentes en su trato hacia los migrantes.

Los centros de detención migratoria

La grave situación que viven los migrantes detenidos debido a su ingreso irregular a México, la demuestran los casos documentados por el Observatorio de Migración, un mecanismo de monitoreo creado por Insyde A.C. con el objetivo de defender y promover los derechos humanos de la población migrante en México.

La situación pasa por el encierro innecesariamente prolongado y la falta de información, causando angustia en la población migrante, las intimidaciones y agresiones físicas contra migrantes inconformes con el trato recibido, las lamentables condiciones de higiene, la mala calidad de la alimentación, la deficiente asistencia médica, psicología y psiquiátrica, así como la falta de seguridadal encerrar los migrantes víctimas con sus secuestradores.

Además, se están dando diversas prácticas abusivas y/o ilícitas cometidas por agentes y funcionarios del INM y que suelen ocurrir a escondidas del mundo exterior, tales como los precios elevados de tarjetas telefónicas, cigarros y enseres personales, la extorsión y robo, el tráfico de drogas, así como el tráfico y prostitución de personas. Este conjunto de violaciones a los derechos de los migrantes siguen dándose en distintos centros de detención migratoria, sin que la autoridad hubiese logrado erradicarlas.

La reestructuración del INM

Las fallas estructurales detectadas por Insyde A. C. en su reciente Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración: Hacia un Sistema de Rendición de Cuentas en pro de los Derechos de las Personas Migrantes en México, se dan en áreas como el reclutamiento de personal, la formación y capacitación, así como los mecanismos de control y supervisión. Si bien el Comisionado Vargas afirmó estar realizando una reestructuración del INM, paradójicamente no abre las puertas del INM para que actores externos pudieran verificar, de manera independiente y objetiva, los cambios que se estarían llevando a cabo. La opacidad arroja dudas sobre la existencia de estas las acciones supuestamente tomadas, su naturaleza y su impacto.

Insyde hace un llamado al Gobierno del Presidente Peña Nieto para que:

• Inicie una seria y profunda depuración de los cuerpos policiales en todos sus niveles y fortalezca las capacidades investigativas y persecutorias del sistema de justicia para que se sancione efectivamente a los perpetradores de delitos y abusos contra los migrantes.
• Inicie una reingeniería del Instituto Nacional de Migración, a fin de que se saneen los procedimientos y prácticas del INM, y cree una instancia de vigilancia ciudadana externa sobre el INM para que sus sistemas de rendición de cuentas se fortalezcan.
• Impulse una política migratoria regional y dialogue, junto con los gobiernos de Centroamérica, con Estados Unidos, para que los países de tránsito puedan dejar de actuar como filtro para la migración indocumentada. Asimismo, que trabaje en el diseño y la implementación de políticas de desarrollo regionales que permitirán que las personas no tengan que abandonar sus países por falta de oportunidades genuinas de educación y de trabajo.

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